Valeria Colella (PLECA, Argentina)
Formo parte de un equipo de correctores de textos jurídicos de distintos países. Un colaborador reciente me regresó un texto que le había asignado porque “no lo podía corregir”, porque era “ilegible”. El texto tenía los clásicos problemas del lenguaje jurídico: era meramente técnico, oscuro y críptico, lo normal para un texto dedicado a profesionales del derecho, y no al público en general.
Esa calificación de ilegible me llevó a reflexionar sobre la importancia de la especialización en nuestra profesión.
Ilegible simplemente significa “incapaz de ser leído”, ya sea porque tiene caracteres mal formados o confusos, está en otro idioma o es físicamente inaccesible para un lector.
La ilegibilidad depende tanto del lector como del texto: el objetivo de la lectura, la situación de la lectura, la educación del lector o la familiaridad con el género dado y su contexto, las habilidades lingüísticas, la concentración, etcétera.
El lector está ante un texto legible cuando es familiar en su forma y convenciones, su narración es constructible, y su lectura se construye fácilmente y es comprensible.
Sin embargo, la ilegibilidad plantea preguntas acerca de por qué ciertos textos son más difíciles de entender que otros y si estas dificultades de lectura pueden superarse.
Cuando nos enfrentamos a textos confusos, buscamos formas de recuperarlos como narraciones. Sin embargo, los textos jurídicos no siempre permiten la reconstrucción de una historia o resisten por completo una lógica narrativa, lo que nos obliga a buscar nuevas estrategias.
La corrección de textos jurídicos es un campo especializado, y como en todos los campos especializados, el corrector debe conocer no solo las reglas sintácticas y ortográficas, sino también el significado de los tecnicismos y las características propias de este tipo de lenguaje. Los errores de ortografía, gramática y puntuación (que suelen ser muchos) pueden desviar la atención del contenido, dificultar la comprensión del texto y generar consecuencias legales graves.
Una corrección especializada puede detectar y corregir errores e imprecisiones que probablemente pasarán inadvertidos para un corrector no especializado, no familiarizado con las normas procesales y probatorias, y con el sistema jurídico.
Los textos jurídicos pueden parecer ilegibles en términos de ciertas estrategias de naturalización, ya que los problemas en su discursividad se plantean por sus propias características:
– su intertextualidad, ya que continuamente se citan otros textos (jurisprudencias, doctrinas y normativas), lo que presupone la convivencia de discursos diferentes;
– la compleja narrativa de las distintas etapas de los procedimientos judiciales;
– el intento forzado de eliminar las marcas de subjetividad en pos de un texto impersonal e institucional;
– el rol de la oralidad y las inconsistencias que produce en el lenguaje escrito;
– la utilización de un vocabulario técnico, con latinismos, arcaísmos y fórmulas estereotipadas;
– el empleo excesivo de verbos no conjugados;
– la sustantivación de estructuras verbales;
– el uso de estructuras impersonales y pasivas, y
– el abuso de estructuras subordinadas o coordinadas con períodos oracionales extensos y conceptualmente densos.
Las incorrecciones gramaticales se interponen en la comprensión, pero apenas constituyen la parte más superficial del problema, puesto que los factores que afectan en mayor medida a la ilegibilidad del texto jurídico son los relacionados con su propia construcción.
Ubicada en el texto y en el lector, la ilegibilidad es tanto una dificultad de la lectura como su efecto: el lector no alcanza a comprender el sentido o el significado del texto y debe encontrar estrategias de lectura que “encajen” en el texto dado y lo ayuden a descubrir su significado.
El corrector especializado tiene un amplio conocimiento sobre el mundo jurídico y la capacidad de documentarse y formarse en ese ámbito para salir airoso del encargo. Lo principal a la hora de enfrentarse a la corrección de textos jurídicos es saber qué se dice en ellos y hasta qué punto esa información está exenta de cualquier tipo de malinterpretación. Además, está mejor preparado para atender las actuales demandas sobre lenguaje claro en el ámbito de la justicia y la administración pública, y mejorar la accesibilidad y la comprensión de los textos legales para un público no especializado.
Como profesionales de la corrección, es nuestra responsabilidad conocer qué podemos ofrecer y qué no, así como abordar los trabajos desde el pleno conocimiento y la preparación laboral.
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